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“BARGALLO, MIGUEL FEDERICO C/ SICHEL, GERARDO FEDERICO
Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

Expediente Nº 31.833/01 Juzgado 41


LIBRE Nº435.262


En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina , a los 16 días del mes de Noviembre de Dos Mil Cinco, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “BARGALLO, MIGUEL FEDERICO C/ SICHEL, GERARDO FEDERICO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 639/640 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA ?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores OMAR JESÚS CANCELA -LEOPOLDO MONTES DE OCA-CARLOS ALFREDO BELLUCCI-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Cancela dijo:

I.- La sentencia en recurso, dictada según constancias de fs. 639/40, dispuso el progreso de la pretensión del demandante y condenó a los dos demandados originarios a pagarle a aquél la suma de $7.000, en concepto de daño moral derivado de la denuncia efectuada por Gerardo Federico Sichel, por sí y como presidente de la firma Flor de Lis S.A., el 12 de mayo de 2000, ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y comunicada a la Sindicatura General de la Nación.

Contra dicho pronunciamiento dedujeron sus respectivas apelaciones los demandados, según escrito de fs. 642, concedido a fs. 652 y el actor, a fs. 648, concedido a fs. 649. A fs. 658/62 expresó agravios el actor, solicitando, con respaldo en la doctrina jurisprudencial que transcribe, la prudencial elevación del monto de la condena. La demandada, al presentar sus quejas contra la sentencia en el escrito de fs. 664/8, sostuvo que se hallaban afectados de forma “palmaria” garantías constitucionales, que pretendieron cercenar su derecho a denunciar y que no formuló imputaciones calumniosas y agraviantes. Finalmente afirmó que, como lo reconoció el propio Dr. Bargalló, la denuncia no le ha provocado daño alguno.

Por evidentes razones metodológicas, he de ocuparme en primer lugar sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la licitud o ilicitud del obrar del demandado, para atender seguidamente y de ser necesario, a los agravios de las dos partes en orden a la procedencia y cuantía del resarcimiento.

II.- Debo señalar, liminarmente, lo inexplicable de la condena a la codemandada “Flor de Lis S.A.” (Parte dispositiva de fs. 640), cuando por resolución de fs. 267 de esta Sala, se dispuso revocar la de primera instancia de fs. 247 y, en consecuencia, admitir el desistimiento de la acción contra dicha codemandada, sin que ulteriormente haya advertido actuación alguna que importara dejar sin efecto dicha disposición. Por lo tanto, como se ha condenado a quien desde hace algo más de dos años dejó de ser parte en el proceso, este aspecto de la sentencia debe ser revocado, a pesar de que tampoco he advertido que ninguna de las partes se quejara de lo resuelto por el Sr. Juez.

Es indiscutible el derecho de los litigantes de efectuar, como lo hacen habitualmente, toda clase de denuncias cuando adviertan una conducta o desempeño irregular en los magistrados o funcionarios a cuyo cargo se encuentra la decisión de las causas judiciales propias de su competencia. También lo es -indiscutible-, el derecho de dichos magistrados y funcionarios a preservar su honor y dignidad, tanto personal como profesional. En este último sentido, debe recordarse que los jueces y funcionarios judiciales de todas las instancias tienen importantes incompatibilidades de ejercicio profesional, que les veda prácticamente toda actividad, excepto la docencia, lo que significa que su única esperanza de progreso en lo profesional y económico radica en la posibilidad de ascender en su carrera (dejo a salvo la posibilidad de renunciar al cargo, para dedicarse a la profesión de abogado o a alguna otra actividad), ascenso que puede verse seriamente perjudicado por esta clase de denuncias, aún de aquéllas como las que aquí se discuten, que fueron rechazadas sin mayores investigaciones, salvo la comprobación de las constancias de algunas causas judiciales (confr. legajo obrante a fs. 291/411). En suma, me permito hacer cierta distinción con el criterio transcripto en los agravios (ver fs. 666vta., in fine/67), en cuanto se les pide fortaleza de ánimo para resistir un clima hostil cuando se los critica en la esfera de su actuación pública. En efecto, bien está que en el ejercicio de su función como magistrados deban tener dicha fortaleza para resistir las presiones de los litigantes, las críticas severas vertidas en los memoriales y recursos jurisdiccionales o las opiniones divergentes de la doctrina especializada, por aguda que fuere; no ocurre lo mismo cuando se trata de verdaderas campañas de desprestigio, muchas veces recogidas en medios de difusión no especializados, en los llamados “escraches” en las puertas de los tribunales, o en la proliferación de denuncias carentes de toda fundamentación y seriedad.

Es obvio que no se me escapan las eventuales ulterioridades de esta clase de procesos, para tratar de que toda sentencia de condena al ataque al honor o dignidad del magistrado aparezca como la defensa de la “corporación judicial”, cercenando el legítimo derecho constitucional de denunciar; nada más inexacto, pues me considero un defensor de ese derecho, que como tal, debe ser ejercido legalmente, lo que quiere decir que toda denuncia deba hallarse debidamente fundada en los hechos y en el derecho, debe ir acompañada de la prueba documental pertinente y del ofrecimiento preciso y detallado de los restantes medios de justificación que acrediten la seriedad del planteo. Si no reúnen esos recaudos, esas denuncias se convierten en meros recursos dilatorios o, peor aun, se dirigen a obtener el apartamiento de determinados magistrados del conocimiento de las actuaciones, fuera de la oportunidad procesal correspondiente y sin razón que lo autorice; al mismo tiempo, se convierten en una verdadera extorsión “a futuro”, para los nuevos jueces a quienes eventualmente se atribuya el trámite del proceso.

Siguiendo un valioso precedente de esta misma Sala, por el voto del Dr. Burnichón, la cuestión a decidir puede reseñarse, muy escuetamente, en la licitud del pedido de apertura de juicio político (actualmente, denuncia ante el Consejo de la Magistratura ), tanto que dicha solicitud constituye una garantía de carácter constitucional; la ilicitud reside en la naturaleza de la denuncia y en la imputación de hechos graves sin fundamento fáctico o jurídico (confr. C.N.Civ., Sala G, en E.D., t. 137, pág. 203, considerandos 1 ° a 4 ° del voto del Dr. Burnichón, y sus citas, a los que me remito en homenaje a la brevedad; notas al fallo de Herrendorf y Bidart Campos).

III.- De conformidad con los términos en que las partes han dejado trabada la litis, puede señalarse que el origen de toda esta cuestión reside en lo que podría denominarse un “mal negocio” del demandado, al adquirir en subasta pública parte del paquete accionario de la empresa Flor de Lis SA. (Fs. 79 vta.) y la ulterior aparición de “pasivos ocultos”, mencionando un crédito con garantía hipotecaria a favor del Banco de Crédito Argentino, cuyo monto habría sido indexado y otro derivado de la falta de pago de la tasa de justicia, también con su actualización, según dijo el demandado, por indicación de la Sindicatura (ver fs. 80 vta.). Esas cuestiones, según las constancias que obran en autos, especialmente en el legajo formado por la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y en la caja de documentación reservada, donde obran sendas carpetas con copias certificadas del concurso y del incidente sobre pago de tasa de justicia, fueron sustanciadas y resueltas en dichos expedientes, sin que el mencionado Consejo encontrara irregularidad alguna en su trámite (ver resolución de fs. 401 y sgtes.).

Dicho en otras palabras, el Dr. Sichel (profesional en ciencias económicas) hizo, como parece no haber duda, un mal negocio adquiriendo el referido paquete accionario, razón por la cual pretendió endilgarlo, como suele suceder, a la actuación de terceros, para el caso, el Sr. Juez interviniente y los tres integrantes de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, a quienes atribuyó “desconocimiento de la ley”, “aplicación de normas inexistentes”, entre otras presuntas razones de la denuncia, entre las que puede señalarse su querella anterior contra el Dr. Arecha, que sirvió de fundamento a distintas presentaciones efectuadas para evitar que el nombrado fuera designado como Juez de Cámara (confr. fs. 316/23, en agosto-septiembre de 1985). Al tiempo que efectuaba esa denuncia, que no trepido en calificar como un tanto temeraria (genérica y ambigua, fue la calificación de la Comisión de Acusación, fs. 397, punto 2, que el plenario hizo suyas, fs. 402) y, como si ello fuera poco, envió copias a la Sindicatura General de la Nación (rechazada según copia de fs. 418) y a los jueces denunciados, a quienes “solicitó” que se excusaran para continuar interviniendo en el expediente (fs. 297/8) invitación que, para todo magistrado debe considerarse como un verdadero insulto, ante lo expresamente dispuesto por el art. 30 del Código Procesal. También debe merituarse, para apreciar el carácter, por lo menos injurioso de la denuncia efectuada, la repetida pretensión de que se designara un “conjuez” o de cualquier manera se apartara a los denunciados del conocimiento de la causa, como una forma de “preservar las pruebas” (confr. carta de fs. 301, que reitera la de fs. 299 y el pedido de fs. 295, in fine), olvidando que todo imputado “se presume inocente” salvo que se demuestre lo contrario. Parece haber sido llevado por la presunción de que cuatro magistrados podrían “asociarse ilícitamente” para hacer desaparecer constancias de un expediente judicial. Esta conducta no puede ser disimulada ni recibir amparo con el pretexto del “desconocimiento” de las consecuencias por parte de un simple ciudadano; lejos está el Dr. Sichel, profesional en ciencias económicas, de ser un caminante que anda con linterna, en noche cerrada... (confr. fs. 81); sabía y debía saber cuales podían ser las consecuencias jurídicas de su conducta que cuando menos debe calificarse como negligente.

Todas estas circunstancias de hecho me inclinan por la aplicación del criterio ya esbozado anteriormente y desarrollado en el antecedente jurisprudencial de este tribunal, citado con anterioridad, vale decir, propiciando la confirmación de la sentencia en este aspecto de la cuestión, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1089 y 1109 del Código Civil.

IV.- La redacción del pliego de posiciones de fs. 548/9, leído con prescindencia de las respuestas de fs. 550/1, constituyó un reconocimiento expreso por los firmantes (el demandado y su letrado) de los hechos que sustentan el reclamo de indemnización del daño moral sufrido por el actor. La ausencia del adverbio de negación en posiciones como la séptima y sgtes., implica, de conformidad con lo dispuesto por el art. 411, 2 ° párrafo, del Cód. Procesal que el ponente reconoció que el actor, con motivo de la denuncia, fue apercibido por sus superiores, que recurrió a tratamiento psicológico, que vio afectado el trato con sus pares, con sus empleados y superiores, que fue impedido de ascender en su carrera, que la denuncia tuvo trascendencia pública y que fue afectado en su vida privada (posics. 7a. a 15a). Obviamente, la buena fe procesal indica la necesidad de procesar esa información de acuerdo con las respuestas del absolvente, que negó haberse visto afectado en todas esas cuestiones, excepto con relación a la posición n ° 15, en que reconoció haberse visto afectado en su vida privada y laboral (confr. fs. 551).

A ese reconocimiento, en que las dos partes indican que la integridad espiritual y el honor del magistrado se ha visto afectado en razón de la denuncia infundada, debe añadirse la lógica inquietud de quien fue notificado “off de record” de la existencia de la denuncia, por el propio denunciante, que le falta el respeto al invitarlo a excusarse de seguir interviniendo. Todo ello me lleva a la conclusión de que el Dr. Bargalló ha sufrido un menoscabo o agravio moral, en el sentido del art. 1078 del Código Civil.

Junto con esos antecedentes, cabe recordar que, invariablemente esta sala tiene resuelto de manera uniforme y reiterada que el daño moral, si bien tiene un carácter preponderantemente resarcitorio, permite advertir que tampoco es indiferente al derecho la calificación de la conducta del ofensor, aspecto que puede incidir en la cuantía de la indemnización , pues desde un punto de vista social se trata de desalentar conductas desaprensivas que discurren por andariveles contrarios a ese interés general; en el caso, es indiscutible que no debe favorecerse la proliferación de denuncias infundadas y carentes de toda seriedad, que solo tienen como consecuencia entorpecer la labor judicial, especialmente la de los organismos encargadas de sustanciarlas (confr. esta Sala, “Martinez c/ Aguas Argentinas”, del 14-III-2005; id. “Lagos c/ G.C.B.A.”, sentencia del 22-VIII-05, entre otros).

Sobre ese piso de marcha, tomando en consideración las circunstancias personales del actor justificadas en autos, como el monto de su reclamo (fs. 149, $20.000), en los términos del art. 165 del Código Procesal, juzgo procedente elevar prudencialmente el monto de la condena a $15.000, con sus intereses, a liquidarse en la forma indicada a fs. 640, parte dispositiva.

En suma, voto por la negativa en cuanto la sentencia condena a Flor de Lis S.A., por no ser parte en esta causa desde la resolución de esta sala de fs. 267 y para que se le confirme en lo demás, elevando el monto de la condena a la suma de $15.000. Las costas de alzada deben imponerse al demandado, que resultó vencido (art. 68, C .Pr.).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Leopoldo Montes de Oca y Carlos Alfredo Bellucci votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Cancela. Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “G” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. CONSTE.-


Buenos Aires, de Noviembre de 2005.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se revoca la sentencia de fs. 639/640 en cuanto condena a Flor de Lis S.A. y se la confirma en todo lo demás que decide, excepto el monto de la condena, que se incrementa a la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000). Costas de alzada al demandado. Los honorarios profesionales se regularán una vez fijados los de la instancia de grado. Notifíquese y devuélvase.-